Parentesco de familiares colaterales

Impuesto sobre Sucesiones. Parentesco de familiares colaterales.

Planteamiento de la cuestión.

El marido de mi tía sigue siendo mi tío aunque fallezca mi tía. Este galimatías se produjo en la aplicación del grado de parentesco al efecto de aplicar las reducciones en el Impuesto sobre sucesiones.

Vamos a ver como resolvió la Agencia Tributaria de la Comunidad de Madrid, así como la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid, y por último el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en los que fuimos parte como defensa de nuestros clientes.

La Comunidad de Madrid establece una serie de reducciones en la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones.

Así, dentro del Grupo III: Adquisiciones por colaterales de segundo y tercer grado (hermanos, sobrinos), ascendientes y descendientes por afinidad, se establece una reducción de 8.000 €
Sin embargo, dentro del Grupo IV se engloban las adquisiciones por colaterales de cuarto grado, grados más distantes y extraños, donde no hay lugar a reducción.

Impuesto sobre Sucesiones. Parentesco de familiares colaterales
Impuesto sobre Sucesiones. Parentesco de familiares colaterales

Liquidación del Impuesto sobre Sucesiones.

Nuestros representados presentaron la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones derivado del fallecimiento del marido de su tía, quién había fallecido con anterioridad a que lo hiciera su marido, siendo los únicos herederos los sobrinos del causante.

En la liquidación se aplicó la reducción prevista en el Grupo III de las tarifas del Impuesto, al considerar que no se extinguía el parentesco de familiares colaterales por el fallecimiento de la tía carnal.

Sin embargo, la Administración Tributaria Autonómica consideró que no era de aplicación tal reducción, notificando una liquidación en la que consideraba indebida la aplicación del parentesco de familiares colaterales, al entender que el fallecimiento del cónyuge del causante determina la extinción del parentesco por afinidad.

Contra la mencionada liquidación, y tras agotar las alegaciones y recursos oportunos ante la Administración Tributaria, se presentó reclamación económico-administrativa.

 

Resolución del TEAR de Madrid.

Puesto que la Administración considera que no es de aplicación la reducción por parentesco de familiares colaterales de tercer grado, presentamos reclamación económico-administrativa ante el TEAR de la Comunidad de Madrid.

En esta reclamación mantenemos que se ha conculcado el artículo 20.2.a) del Impuesto de Sucesiones, puesto que en el grupo III no se establece nada referente a la pérdida del parentesco por afinidad cuando desaparece el vínculo, por lo que la administración convierte al cónyuge de la tía en un extraño, por el hecho de que la tía haya fallecido con anterioridad a él.

La resolución del TEAR mantiene que “la relación de afectividad se mantiene aún después del fallecimiento del cónyuge que originó dicha relación”  por lo que estima nuestra reclamación y anula la liquidación girada por la Administración Tributaria.

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Recurso ante el Tribunal Superior de Justicia.

Por parte de la representación letrada de la Comunidad de Madrid se interpuso recurso contencioso-administrativo ante la resolución del TEAR, alegando que no es de aplicación la reducción prevista en el Grupo III, y que el cónyuge de nuestra tía, debido al fallecimiento anterior de ésta, pasa a ser un extraño.

Al considerar no ajustado a Derecho, e ir en contra de la realidad, puesto que nuestros clientes siempre han manifestado que el marido de su tía era considerado su tío a todos los efectos, y este sentimiento no se perdió con el fallecimiento de su tía, nos opusimos a tal recurso.

Se discute en el litigio si, una vez fallecido el familiar que originaba el vínculo de parentesco, los colaterales por afinidad merecen el mismo tratamiento que los colaterales por consanguinidad.

El Juzgado aplica la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2016 (rec. 3316/2015), en un recurso para la unificación de doctrina, que casa una de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pues considera que el Supremo sí se había manifestado al respecto en su sentencia de 18 de marzo de 2003 (rec. 3699/1998), reiterada en la de 1 de abril de 2014 (rec. 2039/2011), y lo había hecho en sentido opuesto al que mantenía el Tribunal Superior de Madrid.

Esta apreciación llevó a la nueva sentencia a hacer esta rotunda afirmación: «en aplicación del criterio reiterado de este Tribunal Supremo […] no cabe sino concluir que la inclusión de los sobrinos por afinidad en el grupo III procede aun cuando hubiera fallecido la persona que servía de vínculo entre el causante y el sobrino por afinidad».

Por tanto, el TSJ Comunidad de Madrid desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Comunidad de Madrid, y mantiene que nuestro cliente puede aplicar la reducción de 8.000 € en el Impuesto sobre Sucesiones, puesto que no se pierde el vínculo entre el cónyuge de la tía de nuestros clientes y éstos, por el fallecimiento.

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Despido

Despido improcedente. Incomparecencia de la empresa demandada.

Sentencia de despido improcedente. Incomparecencia de la empresa demandada.

El Juzgado de lo Social número 29 de Madrid ha dictado sentencia a favor de nuestro cliente, y declara el despido improcedente.

En esta entrada vamos a analizar la mencionada sentencia que reconoce el despido improcedente, así como las consecuencias de que la demandada no acuda a la celebración del juicio.

Hechos.

Nuestro cliente prestaba servicios como operario de movilidad, teniendo una antigüedad en la empresa de unos 9 meses.

La empresa comunica el despido al trabajador mediante burofax, alegando causas objetivas, derivada de la pérdida de clientes.

En el acto del juicio oral no quedó acreditado que la causa alegada fuera determinante del despido del trabajador.

Despido improcedente
Despido improcedente

Razonamientos jurídicos.

A pesar de que la empresa abonó una cuantía en concepto de indemnización por despido, consideramos que esta cuantía era notablemente inferior a la debida.

Puesto que la empresa no acudió a la celebración del juicio, a pesar de estar debidamente citada, se la tuvo por confesa.

Por su parte el trabajador probó:

  • La existencia de relación laboral entre las partes.
  • La antigüedad.
  • El salario.
  • El hecho de que el despido se realizó por medio de carta.

La empresa no ha probado la causa del despido, por lo que el Juzgado mantiene que el despido es improcedente.

Razona la sentencia que la carta de despido no puede consistir en genéricas expresiones, sino que ha de ser “concreto, claro y preciso, recogiendo los hechos a los que se refiere, días en que se cometieron, etc “ y “no basta la mera transcripción jurídica de las causas de despido”.

En definitiva, las imputaciones genéricas e inconcretas, perturban el derecho de defensa y atentan contra el principio de igualdad procesal.

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Consecuencias del despido:

Debido a que el despido ha sido declarado como improcedente, se condena a la empresa a lo siguiente:

  • A la inmediata readmisión del trabajador.
  • o al abono de 33 días de salario por año de servicio en concepto de indemnización.

La empresa no optó ni por la readmisión del trabajador ni por el abono de la indemnización a la que fue condenada, por lo que presentamos un incidente alegando esta circunstancia.

El Juzgado, tras la celebración de la preceptiva vista, dictó auto por el que, ante el silencio de la empresa, declaró la extinción de la relación laboral desde el momento en el que se dicta el auto, así como al abono de los salarios de tramitación desde el despido hasta la fecha de la extinción de la relación laboral, lo que hizo que se incrementara considerablemente la cantidad a abonar al trabajador.

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Estafa e insolvencia punible

Estafa e insolvencia punible.

Sentencia que absuelve por estafa e insolvencia punible.

El Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid ha absuelto al cliente de Diké Abogados, quien había sido acusado de estafa e insolvencia punible.

Delito de estafa.

El Artículo 248 del Código Penal mantiene que:

“1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.

2. También se consideran reos de estafa

  • a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.
  • b) Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo.
  • c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero.”

Según el Tribunal Supremo, para que exista un delito de estafa debe concurrir los siguientes requisitos:

  • Un engaño precedente o concurrente.
  • El engaño debe ser bastante.
  • Debe producir un error esencial en el sujeto pasivo, desconocedor de la que constituía la realidad.
  • Un acto de disposición patrimonial, con el consiguiente perjuicio para el sujeto pasivo.
  • Existencia de nexo causal entre el engaño del autor y el perjuicio de la víctima.
  • Ánimo de lucro.

Penas del delito de estafa.

Según el artículo 249 del Código Penal “Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años.

Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción.

Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses.”

Delito de insolvencia punible.

El Artículo 257 del Código Penal mantiene que:

“1. Será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses:

  • 1.º El que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores.
  • 2.º Quien con el mismo fin realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación.

2. Con la misma pena será castigado quien realizare actos de disposición, contrajere obligaciones que disminuyan su patrimonio u oculte por cualquier medio elementos de su patrimonio sobre los que la ejecución podría hacerse efectiva, con la finalidad de eludir el pago de responsabilidades civiles derivadas de un delito que hubiere cometido o del que debiera responder.

3. Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación cualquiera que sea la naturaleza u origen de la obligación o deuda cuya satisfacción o pago se intente eludir, incluidos los derechos económicos de los trabajadores, y con independencia de que el acreedor sea un particular o cualquier persona jurídica, pública o privada.

No obstante lo anterior, en el caso de que la deuda u obligación que se trate de eludir sea de Derecho público y la acreedora sea una persona jurídico pública, o se trate de obligaciones pecuniarias derivadas de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social, la pena a imponer será de prisión de uno a seis años y multa de doce a veinticuatro meses.

4. Las penas previstas en el presente artículo se impondrán en su mitad superior en los supuestos previstos en los numerales 5.º o 6.º del apartado 1 del artículo 250.

5. Este delito será perseguido aun cuando tras su comisión se iniciara un procedimiento concursal.”

Estafa e insolvencia punible
Estafa e insolvencia punible

Penas solicitadas.

En este caso, el Ministerio Fiscal solicitó una pena a nuestro cliente de 1 año y 10 meses de prisión por el delito de estafa, junto con el abono de la responsabilidad civil correspondiente.

La acusación particular solicitó la pena de 3 años de prisión por el delito de estafa, y de 4 años de prisión por el delito de insolvencia punible, más el abono de la responsabilidad civil derivada del delito.

Por nuestra parte solicitamos la libre absolución de nuestro cliente.

Hechos probados.

Ha quedado probado que nuestro representado adquirió por medio de escritura pública, la totalidad de las participaciones de una sociedad de responsabilidad limitada.

Mientras no se encontraba registrado el cambio de administrador en el Registro Mercantil, se efectuaron determinados pedidos de comida por parte de la sociedad adquirida a empresas mayoristas de alimentación.

Sin embargo, no ha quedado acreditado que el acusado hiciera tales pedidos.

Estafa e insolvencia punible
Estafa e insolvencia punible

Fundamentos de derecho.

Entiende la Juzgadora que la instrucción practicada es incompleta. No existe prueba que acredite que fue el acusado quien realizó los pedidos.

Lo único que ha quedado acreditado es que el acusado compró la mercantil que posteriormente adquirió los productos.

Hay que tener en consideración que ni los comerciales, ni los administradores, ni la trabajadora de la empresa, vieron al acusado, puesto que todas las gestiones se realizaron por teléfono.

Esta parte solicitó la práctica de una prueba pericial caligráfica sobre la firma del pagaré impagado.

Sin embargo, el Juzgado de Instrucción denegó la práctica de tal prueba, que entiende la Juzgadora que sería esencial para el esclarecimiento de los hechos.

Tampoco se ha realizado prueba para determinar la titularidad de la linea telefónica desde la que se realizaron los pedidos, ni que se oficiara a la oficina bancaria para determinar si el acusado tenía cuenta abierta en la sucursal desde la que se emitieron los pagarés.

Es relevante el hecho de que las escrituras de compra de la sociedad limitada no fueron retiradas de la notaría por el acusado, sino que las retiró una gestoría.

Echa en falta la Juzgadora que se hubiera tomado declaración testifical a las personas que entregaban y recogían los pedidos.

Fallo.

Al no existir prueba de cargo suficiente para condenar por estafa e insolvencia punible, se absuelve a nuestro cliente.

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Venta de vivienda habitual por traslado a una residencia

Venta de vivienda habitual por traslado a una residencia.

Venta de vivienda habitual por traslado a una residencia de ancianos.

En este caso vamos a examinar el tratamiento fiscal de la venta de vivienda habitual por traslado a una residencia de ancianos.

Vamos a suponer que en 2016 se produce la venta de vivienda en la que el contribuyente había residido hasta el año 2011, momento en el que, por problemas de salud, tuvo que trasladarse a una residencia de ancianos. La vivienda fue adquirida en 1964.

El obligado tributario tiene más de 65 años de edad.

Hay que determinar si procede la aplicación de la exención recogida en el artículo 33.4.b) de la LIRPF.

Venta de vivienda habitual por traslado a una residencia
Venta de vivienda habitual por traslado a una residencia

Ganancia o pérdida patrimonial en IRPF.

La venta de vivienda habitual generará en el contribuyente una ganancia o pérdida patrimonial, al producirse una variación en el valor de su patrimonio que se pone de manifiesto con ocasión de una alteración en su composición, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), y estará sujeta al IRPF, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1 de la misma.

El artículo 33.4.b) de la LIRPF, establece que estarán exentas del Impuesto las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto “con ocasión de la transmisión de su vivienda habitual por mayores de 65 años o por personas en situación de dependencia severa o de gran dependencia de conformidad con la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia”.
El concepto de vivienda habitual se recoge en la disposición adicional vigésima tercera de la LIRPF y, en su desarrollo, en el artículo 41 bis del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE de 31 de marzo), que dispone lo siguiente:
1. A los efectos previstos en los artículos 7.t), 33.4.b), y 38 de la Ley del Impuesto se considera vivienda habitual del contribuyente la edificación que constituya su residencia durante un plazo continuado de, al menos, tres años.
No obstante, se entenderá que la vivienda tuvo el carácter de habitual cuando, a pesar de no haber transcurrido dicho plazo, se produzca el fallecimiento del contribuyente o concurran otras circunstancias que necesariamente exijan el cambio de domicilio, tales como celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral, obtención del primer empleo, o cambio de empleo, u otras análogas justificadas.
(…).
3. A los exclusivos efectos de la aplicación de las exenciones previstas en los artículos 33.4. b) y 38 de la Ley del Impuesto, se entenderá que el contribuyente está transmitiendo su vivienda habitual cuando, con arreglo a lo dispuesto en este artículo, dicha edificación constituya su vivienda habitual en ese momento o hubiera tenido tal consideración hasta cualquier día de los dos años anteriores a la fecha de transmisión“.

Conclusión.

La vivienda transmitida no constituye la residencia habitual de la contribuyente, ni en el momento de su transmisión (año 2016) ni en los dos años anteriores a dicha fecha, ya que no reside en la misma desde el año 2011.
En consecuencia, no resulta de aplicación la exención prevista en el artículo 33.4.b) de la LIRPF, que opera únicamente para los supuestos de transmisión de vivienda habitual, y deberá tributar por la ganancia o pérdida patrimonial producida.
Para aplicar la exención por la transmisión de la vivienda habitual por mayores de 65 años, es necesario que lo que se trasmita sea la vivienda habitual, circunstancia que no concurre en este caso, puesto que la vivienda ha perdido tal condición por el traslado a la residencia de ancianos.
En este caso hubieramos recomendado que la venta de la vivienda se hubiera realizado con anterioridad para poder acogerse a la exención mencionada.

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Conducción bajo alcohol

Conducir bajo la influencia de alcohol.

Delito de conducir bajo la influencia de alcohol.

En esta entrada analizamos las consecuencias penales del delito contra la seguridad vial, consistente en conducir bajo la influencia de alcohol o drogas. Recomendamos el consumo responsable del alcohol y que en ninguna circunstancia se conduzca bajo la influencia del alcohol o drogas.

Tipo penal:

El delito por conducir bajo la influencia de alcohol, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, está regulado en el artículo 379.1 del Código Penal, que establece que “1. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

2. Con las mismas penas será castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.”

El sujeto activo del delito solo puede ser el conductor, puesto que se configura como un delito de propia mano, y son sujetos pasivos del mismo los lesionados, donde se deben incluir también a los pasajeros del vehículo, con exclusión del conductor.

No ofrece dudas que se entiende por bebida alcohólica. Respecto al concepto de drogas, se puede definir como cualquier sustancia ingerida, inyectada o inhalada que se introduzca en el organismo de una persona y afecte a su capacidad de conducción (reflejos, alteración, percepción, vista, capacidad motora…)

Tasa máxima de alcohol.

La tasa máxima de alcohol general que determina la concurrencia de un ilícito administrativo es de 0,50 gr/l de alcohol en sangre o 0,25 mg/l en aire espirado. Para que sea delito, el código penal fija el límite máximo en aire espirado en la tasa superior a 1,2 gr/l de alcohol en sangre, o 0,60 mg/l en aire espirado.

Por tanto, en términos generales:

TASA DE ALCOHOL CONSECUENCIA
0 a 0,25 mg/l Ausencia de ilícito
0,26 a 0,60 mg/l Sanción administrativa (si no existen otras circunstancias penales)
0,61 o superior mg/l Delito penal.

Para la determinación del nivel de alcohol debe tenerse en cuenta el error de medición de los alcoholímetros, tal y como declaró la Audiencia Provincial de Barcelona en su sentencia de 6 de julio de 2009.

Del mismo modo, si la única prueba existente de la conducción bajo la influencia de alcohol es la prueba del alcoholímetro, debe constar como prueba los tickets en los que se refleja el resultado, y que los aparatos estén debidamente homologados y hayan superado las pertinentes revisiones.

Conducir bajo la influencia de alcohol
Conducir bajo la influencia de alcohol

 

 Penas a imponer:

La pena por el delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de alcohol, será de pena de prisión de 3 a 6 meses, o con la multa de 6 a 12 meses, o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y en cualquier caso, con la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 a 4 años.

Por tanto, en el caso de cometer el delito, se impone de manera alternativa una pena de prisión, o una de multa o de trabajos en beneficio de la comunidad, y en todos los casos, la privación del permiso de conducción.

Además, según el artículo 385 bis del código penal, el vehículo se considera instrumento del delito, por lo podría dar lugar a su decomiso.

En algunos casos, atendiendo a la menor entidad del riesgo causado, se puede rebajar la pena de prisión en un grado.

Penas a imponer
Penas a imponer

 Ejemplo práctico:

Una persona va conduciendo su vehículo y es parado en un control rutinario de alcoholemia por la Policía. Se somete a la prueba de detección alcohólica con el alcoholímetro reglamentario, que arroja un resultado de 0,80 mg/l. No tiene antecedentes penales, y no ha existido un riesgo concreto.

Consecuencias:

Podría ser condenado por un delito contra la seguridad vial a la pena de prisión de 3 a 6 meses, o con la multa de 6 a 12 meses, o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y en cualquier caso, con la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 a 4 años, así como al decomiso del vehículo.

El fiscal, en su escrito de calificación, entiende que debe responder con una multa de 6 meses a razón de 6 € diarios, y a la retirada de carnet durante 1 año. Como es uno de los delitos que encajan en el ámbito de aplicación del juicio rápido de los artículos 795 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si el acusado presta su conformidad con el escrito de acusación, en aplicación del artículo 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se le rebajará la pena el 1/3. Así, la pena quedaría en 4 meses de multa a razón de 6 € (720 €), y retirada del carnet de conducir durante 8 meses y un día, y al pago de las costas procesales.

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